Sistema actualizado que regulará en forma integral todo lo referente a la oferta pública de títulos valores, organización y funcionamiento de las bolsas de comercio y mercados de valores y la actuación de las personas dedicadas al comercio de aquéllos.

Buenos Aires, 16 de julio de 1968

Al Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:

Tenemos el honor de dirigirnos al Excelentísimo Señor Presidente con el objeto de someter a vuestra consideración el proyecto de ley de oferta pública de títulos valores, bolsas o mercados de comercio y mercado de valores.

El proyecto en cuestión tiene por objeto sustituir la antigua legislación vigente contenida en el Código de Comercio y en leyes y decretos modificatorios, por un sistema actualizado que regule en forma integral todo lo referente a la oferta pública de títulos valores, a la organización y funcionamiento de las bolsas de comercio y mercados de valores y a la actuación de las personas dedicadas al comercio de aquéllos.

La intención de modernizar las instituciones esenciales de la actividad económica argentina, se combina en el proyecto con el propósito de proteger a los inversores, especialmente a aquellos que forman el medio común de los habitantes, y que por carecer de la información necesaria han padecido en mayor grado las consecuencias de la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez necesaria para garantizar un seguro y productivo destino al ahorro público.

La importancia y la técnica del proyecto elevado hacen necesario incluir como parte integrante de este mensaje, la exposición de motivos presentada a la Secretaría de Estado de Justicia por la Comisión redactora.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Guillermo A. Borda

Adalbert Krieger Vasena

Conrado Etchebarne

César A Bunge

Buenos Aires, 2 de abril de 1968

Señor Secretario de Estado de Justicia

Doctor Conrado ETCHEBARNE (h.)

S/D.

De nuestra distinguida consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con el objeto de elevar a su consideración el proyecto de ley de oferta pública de valores, bolsas o mercados de comercio y mercados de valores.

Hemos considerado conveniente incluir como parte integrante de esta elevación, la exposición de motivos de ordenamiento legal proyectado.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- La Comisión considera que la legislación vigente en la materia es anacrónica, carece de una adecuada formulación legislativa y está contenida en numerosas disposiciones dispersas, dictadas en épocas distantes y que sin embargo, adoptaron sólo en la apariencia los principios que fundamentan esta legislación, desvirtuada por la incorrecta estructura dada a la Comisión de Valores y su dependencia en la práctica del Banco Central, omisiones notorias, imprecisiones terminológicas y defectuosa redacción.

2.- El siglo XX ha asistido al auge de la sociedad anónima, como forma jurídica indispensable para grandes empresas e instrumento de la evolución económica contemporánea.

El principio de la limitación de la responsabilidad de las personas a las sumas cuyo aporte prometieron, y la división del capital en títulos de fácil circulación, han sido factores que impulsaron la movilización del ahorro privado. El mercado de los títulos valores ha adquirido vasta resonancia popular, especialmente en los países que han alcanzado un mayor grado de desarrollo industrial. Millones de ahorradores logran así acceso a las acciones de grandes empresas, y éstas, por su parte, obtienen los fondos necesarios para sus operaciones.

Es necesario, en consecuencia, una legislación que proteja al ahorro y, al mismo tiempo, facilite el desarrollo de la iniciativa individual y el espíritu de empresa.

En la República Argentina, si bien el mercado de capitales y la industrialización, no han evolucionado con un ritmo acorde con las exigencias del desarrollo nacional a que nuestra eventual capacidad de producción permite aspirar, es significativo, de todos modos, el aumento de la negociación de los títulos valores que las estadísticas señalan.

La Comisión considera que el proyecto elaborado permite un acertado equilibrio de la acción estatal y las instituciones bursátiles, en vista a la protección del público inversor y la creación de condiciones de seguridad y confianza que impulsen la difusión de la propiedad de títulos valores, con los controles jurídicos necesarios pero sin injerencias estatales obstructoras de los negocios.

La legislación universal ha implantado tres sistemas fundamentales diferentes, en materia de negociación de títulos valores. El sistema inglés, de absoluta libertad; el régimen seguido por varios países europeos, que consagran las bolsas oficiales y consideran a los agentes de bolsa como funcionarios públicos; y el sistema de la legislación federal de los Estados Unidos de Norteamérica, adoptado por numerosos países, que establece el carácter privado de las instituciones y negocios de títulos valores, aunque sujetos a leyes protectoras del interés público, mediante una amplia publicidad de los datos económicos y financieros de las empresas y de la actuación de todos los intervinientes en el comercio de los títulos valores, con una adecuada fiscalización del Estado y las bolsas que asegure la veracidad y eficacia de la información suministrada, el cumplimiento estricto de la ley y un régimen de sanciones severo para quienes vulneren sus normas.

La Comisión ha considerado y valorado todos los antecedentes argentinos existentes y las normas de mayor relevancia que ofrece el derecho comparado, y se pronuncia por un sistema adecuado a nuestro régimen constitucional, moldeado según las características del medio argentino y las tradiciones e idiosincrasia de su pueblo. Se han tomado en cuenta, primordialmente, la particular organización de las instituciones bursátiles en nuestro país, el actual grado de evolución económica e industrial alcanzado, la idiosincrasia del inversor argentino y, finalmente, la necesidad de impulsar el desarrollo del país por medio de la actividad privada y una eficaz canalización y protección del ahorro. La estructura actual del mercado de los títulos valores en los Estados Unidos de Norteamérica, país cuyo régimen constitucional es similar al argentino y en el cual se ha alcanzado, además, el más alto nivel de industrialización y desarrollo de las inversiones mobiliarias del mundo occidental, es el antecedente de derecho comparado concorde con la estructura legal proyectada. La eficacia del mencionado sistema no sólo se refleja en los índices referentes a la evolución de las empresas, magnitud del ahorro privado invertido en títulos valores y número de accionistas, sino, principalmente, en la adecuada protección otorgada al público inversor. La investigación realizada por la Securities and Exchange Commission, a pedido del Congreso Nacional de los Estados Unidos, así lo destaca en el extenso informe publicado recientemente, luego de varios años de exhaustivo análisis de todos los sectores vinculados al mercado de los títulos valores.

Los principios básicos que fundamentan este último régimen legal son los que han orientado la redacción del proyecto, con las modificaciones exigidas por la valoración de los elementos nacionales antes expuestos.

CAPITULO I

3.- El proyecto de ley regula en su totalidad el mercado de los títulos valores, abarcando la oferta pública de dichos valores, la organización y funcionamiento de las instituciones bursátiles y la actuación de los agentes de bolsa y demás personas dedicadas al comercio de títulos valores. Se incluye, además, un capítulo especial sobre bolsas o mercados de comercio, en general, que sustituye el actual Título III del Libro I del Código de Comercio.

Se considera necesaria la existencia de una repartición estatal que ejerza el poder de policía con relación a las instituciones bursátiles, a la oferta pública y a la negociación de los títulos valores emitidos por las sociedades privadas y de economía mixta. Se estructura para ello la Comisión Nacional de Valores como una entidad autárquica nacional, con jurisdicción en todo el territorio del país, dotada de las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones con carácter de organismo exclusivamente técnico (artículo 1º). La experiencia argentina y los importantes antecedentes acumulados en el extranjero, permiten extraer conclusiones que fundamentan el sistema establecido en el proyecto.

4.- El proyecto introduce una innovación sustancial en el sistema jurídico argentino sobre esta matería, al precisar el concepto y régimen de la oferta pública de títulos valores, incluyendo las operaciones realizadas fuera de las bolsas de comercio y sin la fiscalización y garantía de los mercados de valores. El régimen estructurado satisface la necesidad de proteger a grandes núcleos de pequeños y medianos inversores, que adquieren títulos valores no cotizados en entidades bursátiles o cuya negociación se realiza fuera de los recintos de dichas instituciones pese a estar autorizados a cotizar. Al mismo tiempo, tiende a la protección de las empresas serias, que encuentran en el ahorro privado, nacional y extranjero, una fuente primordial de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo de sus planes de expansión (artículo 16).

Se da término así a la confusión que actualmente existe en materia de oferta pública, como consecuencia de la defectuosa redacción y evidentes omisiones de la legislación vigente.

De acuerdo al régimen proyectado, no se podrán efectuar ofertas públicas de títulos valores emitidos por sociedades privadas y de economía mixta, en cualquiera de las formas contempladas en 1a ley, sin la previa autorización de 1a Comisión Nacional de Valores. Se establece así una modificación al sistema vigente, en cuanto las facultades de la Comisión Nacional de Valores, que en este aspecto, quedan circunscriptas a un control de legalidad (artículo 19, párrafo 2°). La facultad discrecional que actualmente ejerce respecto de la oferta pública de títulos valores, en consideración a la capacidad de absorción del mercado financiero, queda derogada. Salvo la que corresponde con carácter excepcional al Banco Central de la República Argentina como regulador del crédito y la moneda (artículo 20). La modificación proyectada se fundamenta, de modo primordial en el régimen constitucional argentino que prevé el libre ejercicio de toda actividad o industria lícita, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y en los importantes antecedentes existentes en la legislación comparada.

Sin perjuicio de precisar el alcance de las facultades de la Comisión Nacional de Valores, en la forma precedentemente expuesta, el proyecto amplía el ámbito de atribuciones conferido actualmente al ente estatal, extendiéndolo no sólo a las instituciones bursátiles, empresas emisoras y agentes de bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta y negociación pública de títulos valores, cualquiera sea la forma o medio utilizado (artículo 6°, inciso f).

Se pone de relieve, además, que la fiscalización del cumplimiento de la ley proyectada, ejercida por la Comisión Nacional de Valores, se extiende en forma permanente a todas las etapas de la oferta pública y de la actuación de las entidades y personas comprendidas en su ámbito. A tal efecto, el artículo 7°, inciso a), del proyecto, faculta a la Comisión Nacional de Valores para requerir los informes que considere necesarios y realizar las investigaciones o inspecciones que estime oportunas para el cumplimiento de sus funciones. La legislación en vigor, por el contrario, sólo autoriza a la Comisión de Valores a inspeccionar las empresas en el momento de solicitar la autorización para cotizar sus valores en bolsa.

En definitiva, el proyecto organiza un control estable y continuado de la oferta pública en salvaguardia, primordialmente, de los inversores.

5.- Con el fin de asignar a la Comisión Nacional de Valores la jerarquía y responsabilidad que las atribuciones otorgadas exigen, se le da el carácter de entidad autárquica nacional, cuyo directorio está integrado por personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional. La índole esencialmente técnica de

sus funciones requiere, además, que sus miembros tengan especial versación y reconocida experiencia en la materia, y actúen con dedicación exclusiva en el desempeño de sus cargos. La permanencia en sus funciones y la forma de designación prevista tienden, por otra parte, a obtener la necesaria independencia de criterio en su actuación, que permite contemplar en forma equilibrada los intereses de los inversores, entidades emisoras y demás personas o instituciones comprendidas en la ley.

6.- Las facultades de la Comisión Nacional de Valores se completan con el poder disciplinario que se le otorga en relación a las violaciones de 1a ley (art. 10). El proyecto tiende a evitar las omisiones y deficiencias del régimen actual e introduce, además, el principio de la responsabilidad personal y solidaria de quienes infringen las disposiciones de la ley. Con ello se procura eliminar que, como ocurre actualmente, las medidas afecten directamente a los inversores no a los verdaderos responsables de las transgresiones. No obstante, si el interés general fuere afectado, se puede llegar a suspender o prohibir la oferta pública de un determinado valor, aun cuando ello signifique, eventualmente, un perjuicio para algunos inversores. Es innecesario destacar la prudencia que debe primar en la adopción de este tipo de sanciones en razón de los daños irreparables que se pueden ocasionar a los tenedores de los valores.

Respecto de las sanciones, se reitera el criterio de exigir la publicidad de toda actuación relacionada con la oferta pública de títulos valores, en beneficio del publico inversor, que orienta la estructura del proyecto.

7 - Con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de las personas y entidades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, se crea un recurso judicial contra sus decisiones. Este sistema elimina los recursos administrativos y la primera instancia judicial que resultan innecesarios, atenta la índole que reviste dicho organismo estatal y la celeridad que debe imperar en esta materia en razón de los intereses en juego (art. 14).

8 -El proyecto prevé el procedimiento de actuación ante la Comisión Nacional de Valores (art. 12) y los plazos dentro de los cuales la Comisión Nacional de Valores deberá adoptar sus decisiones (art. 19).

CAPITULO II

9.- El Capítulo II del proyecto está dedicado a la oferta pública de títulos valores. El concepto de oferta pública ha sido materia de cuidadosa y prolija elaboración, luego de un exhaustivo análisis de los antecedentes de legislación comparada y doctrina nacional y extranjera. El artículo l6 sintetiza los principios aceptados por la generalidad de la legislación y doctrina mencionadas, ratificados por la jurisprudencia de numerosos países, a través de muchos años de experiencia.

La mayor dificultad radica en la necesidad de evitar la exclusión del ámbito de la ley de personas o entidades que realicen ofertas públicas de valores y, al mismo tiempo, no incurrir en el error de incluir actividades que no impliquen oferta pública.

El carácter público de la oferta está dado, según la técnica del proyecto, por: a) E1 sujeto destinatario, cuando la oferta se dirige al público en general o a sectores o grupos determinados; y b) Por el sujeto ofertante, ya sea la sociedad emisora u "organizaciones" unipersonales o societarias dedicadas en forma exclusiva o no al comercio de los títulos valores, cualquiera sea la forma de exteriorización utilizada.

Ello significa que el proyecto considera "oferta pública" la realizada en una bolsa de comercio -de acuerdo al sistema y terminología adoptados en el Capítulo IV- ya que reúne los requisitos arriba enumerados; y, también, la oferta que se realice fuera de los recintos bursátiles, cuando reúna las condiciones exigidas.

Además, al referirse a cualquier forma de publicidad, el proyecto comprende no solo las típicas modalidades que caracterizan el mercado "over-the-counter" norteamericano, sino, también, el "colportage" y el "démarchage" franceses.

Dado el carácter de las funciones de la Comisión Nacional de Valores en materia de oferta pública -control de legalidad- no resulta procedente la inclusión, en este aspecto, de los títulos emitidos por el Gobierno. La emisión de los mismos queda sometida a las normas de derecho público pertinentes (artículo 18).

10.- Se incorpora el concepto de título valor susceptible de ser ofrecido públicamente (art. 17). A tal efecto y siguiendo la tendencia de la doctrina contemporánea en la materia, se hace hincapié en su emisión en masa, en la igualdad de los derechos que confiere dentro de su clase y en la naturaleza de

cosa genérica propia de este tipo de bienes.

11 -El artículo 19 del proyecto incorpora el principio de automaticidad, en cuanto a los plazos en que deberá expedirse la Comisión Nacional de Valores sobre las solicitudes de autorización de oferta pública. Se adopta, así, un criterio aceptado en la legislación comparada y consagrado recientemente en nuestro

país, con el propósito de evitar que dilaciones inmotivadas en los trámites administrativos ocasionen perjuicio a las empresas emisoras.

12.- El requisito de inscripción en un registro y demás recaudos previstos en el artículo 21, son de cumplimiento previo e ineludible para quienes deseen realizar ofertas -públicas de títulos valores El objeto de la disposición es asegurar el ejercicio de las funciones que el artículo 6º asigna a la Comisión Nacional de Valores y, también, promover la negociación de los títulos valores en un cuadro de estricta legalidad que evite los inconvenientes derivados de las oposiciones por robos, hurtos o extravíos de dichos valores.

Se excluye a los agentes de Bolsa, cuando actúen exclusivamente como operadores en mercados de valores, atento lo dispuesto en el artículo 6°, inciso c) y artículo 45. Ello significa que, cuando los agentes de bolsa actúen en la negociación de títulos valores fuera de los recintos bursátiles, deberán cumplir con todos los recaudos exigidos a todo ofertante de valores públicamente ofrecidos. En este último supuesto, les serán aplicables también, en su caso, las sanciones previstas en el artículo 10 de la ley. Al analizar el capítulo correspondiente a los agentes de bolsa, se especificará su condición jurídica y las facultades de la Comisión Nacional de Valores a su respecto, de acuerdo a las distintas modalidades de su actuación.

CAPITULO III

13.- Se ha considerado conveniente incluir en el proyecto, un capítulo sobre bolsas o mercados de comercio en general, que sustituye el actual Título III, del Libro I del Código de Comercio.

El fundamento de la inclusión radica en la necesidad de coordinar con más precisión el ámbito de aplicación de la ley, atento al régimen especial establecido respecto de las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores, y de los mercados de valores; y poner término a confusiones terminológicas existentes.

Los términos "bolsas" y "mercados" de comercio son utilizados como sinónimos, para designar las instituciones que agrupan a comerciantes y agentes de comercio, que se reúnen en los locales correspondientes para la realización de operaciones mercantiles lícitas, conforme a las leyes y a las normas reglamentarias establecidas por dichas entidades.

Las normas de este Capítulo II se aplican a cualquier clase de bolsa o mercado d comercio, pues se trata de principios generales. Además de las mencionadas disposiciones, cada bolsa o mercado de comercio se ha de regir por las leyes y reglamentaciones específicas que correspondan, de acuerdo a las actividades que constituyan su objeto. Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y los mercados de valores, son regulados por esta ley en su Capítulo IV. Conviene aclarar que las referidas bolsas autorizadas a cotizar títulos valores, en cuyo seno actúen, además de un mercado de valores, otros mercados tales como ganados, cereales, algodón, frutos del país, etc., serán regidas por la presente ley, sin perjuicio de otras disposiciones legales y .reglamentarias que regulan las demás actividades que en ellas se realicen.

El artículo 22 del proyecto permite a las bolsas o mercados de comercio en general, constituirse bajo la forma jurídica de asociaciones civiles con personería jurídica o de sociedades anónimas. Se modifica así el artículo 76 del Código de Comercio, incorporando la doctrina preconizada por el Primer Congreso Nacional de Derecho Comercial, reunido en Córdoba en el año 1940, y respetando, al mismo tiempo, la tradición argentina en esta materia y las funciones que cumplen actualmente determinadas bolsas o mercados de comercio, constituidas como sociedades anónimas.

Los demás artículos de este capítulo significan una reestructuración del Titulo III, Libro I del Código de Comercio, de acuerdo con los principios sustentados de modo uniforme por la jurisprudencia y doctrina nacional.

CAPITULO IV

14.- Este capítulo legisla sobre la oferta pública realizada en las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores.

La Comisión Nacional de Valores ejerce el poder de policía, según ya hemos señalado, respecto a la negociación de dichos valores, las instituciones pertinentes y los operadores, controlando el cumplimiento de las normas legales -latu sensu-, estatutarias y reglamentarias (art, 6º).

El proyecto exige la autorización del Poder Ejecutivo Nacional para que las bolsas de comercio puedan cotizar títulos valores (artículo 28). Esta autorización, como así también el retiro de la misma, no afecta la existencia de la institución como persona jurídica, la cual se rige por las disposiciones de los artículos 33 y45 del Código Civil y artículos 318 y 370 del Código de Comercio.

Los mercados de valores -que, dentro de la concepción del proyecto, son las entidades que tienen a su cargo la fiscalización de las operaciones sobre títulos valores efectuadas por sus socios y la garantía de estas últimas, en determinadas circunstancias; y el control de la actuación de dichos socios- deben también ser autorizados para funcionar como tales por el Poder Ejecutivo Nacional. El retiro de dicha autorización es causal de disolución de la sociedad, atento el objeto específico de la misma, a diferencia de lo que acontece con una bolsa de comercio.

El proyecto exige la autorización del Poder Ejecutivo Nacional para las instituciones comprendidas en este capítulo, en atención a las características y modalidades de las operaciones en títulos valores, que constituyen una parte del mercado mobiliario argentino, concebido como una unidad para el territorio

la República, ya que afecta al comercio interprovincial (artículo 67, inc. 12 de la Constitución Nacional).

Se han seguido en este aspecto, por otra parte, los antecedentes nacionales: seguros, bancos, Decreto-Ley 15.353/46, carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, Decreto-Ley 13.126/57, etc. Se han considerado, asimismo, antecedentes de países extranjeros con estructura política similar a la nuestra, tales como los Estados Unidos de Norteamérica y México.

15.- El proyecto estructura en materia de oferta de valores en el ámbito bursátil una concepción especial basada, fundamentalmente, en la representatividad de la institución Bolsa de Comercio, que agrupa en su seno a los diversos sectores interesados en 1a negociación de dichos valores: inversores, emisores,

productores, comerciantes y operadores. Los mercados de valores, en cambio, reúnen exclusivamente a quienes operan con los títulos valores.

E1 sistema proyectado está avalado, además, por una fructífera experiencia argentina de más de 100 años, a través de la bolsa más importante del país y de Sudamérica, como lo es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La oferta pública de los títulos valores, como se expresa en el punto 9, puede realizarse en una bolsa de comercio o fuera de ella. En ambos supuestos, se requiere un requisito esencial que es la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. Cuando se desee ofertar dichos valores en una bolsa de comercio se exige, además, la autorización previa de la pertinente entidad. El artículo 30 del proyecto establece, por ello, cuáles son las facultades de las mencionadas bolsas de comercio y el artículo 31 instituye la organización de una Comisión de Títulos, en cada bolsa de comercio, integrada por personas que representen el interés general y las actividades específicamente vinculadas, la cual tiene a su cargo dictaminar sobre los pedidos de cotización.

16.- Las bolsas de comercio deberán, por otra parte, establecer las normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de las cotizaciones de los valores negociados en su recinto, que hayan autorizado a cotizar y la publicación de sus precios corrientes (artículo 30).

E1 régimen de legalidad y seguridad de las transacciones en análisis, se complementa con las disposiciones que deben contener los estatutos y reglamentos de estas bolsas (artículo 28), a los cuales se hallan sujetos los mercados de valores y los agentes de bolsa en su carácter de asociados o accionistas de aquéllas, según sea la forma jurídica adoptada (artículos 36, 41, inciso e) y 22).

17. -En materia de recursos contra las decisiones de las bolsas de comercio, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 30, se ha adoptado un sistema similar al establecido respecto a la Comisión Nacional de Valores, con la salvedad que el Tribunal competente será el Ordinario de la jurisdicción que corresponda atento el carácter de persona de derecho privado de las partes intervinientes (artículo 34).

No obstante la naturaleza de sociedad o asociación privada de las bolsas de comercio, el proyecto considera que el interés público involucrado en el derecho a cotizar, debe tener primacía y ser adecuadamente garantizado, por cuyo motivo se instituye el mencionado recurso de apelación judicial.

18 - Los mercados de valores, organismos técnicos de fiscalización y liquidación de las operaciones sobre títulos valores, integran o adhieren a una bolsa de comercio autorizada a cotizar títulos valores, incorporándose a la misma como socios o asociados, según se halle constituida la bolsa correspondiente como sociedad anónima o asociación civil con personería jurídica. El proyecto consagra así el particular sistema bursátil argentino, especialmente el de su más importante centro de contratación, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Buenos Aires S. A.

CAPITULO V

19-- Las normas contenidas en este capítulo y en los siguientes, reconocen como antecedentes al Código de Comercio reformado en el año 1889 y las leyes y decretos dictados con posterioridad, con las modificaciones que se ha considerado necesario introducir, con los siguientes propósitos:

a) Subsanar los errores de calificación jurídica incurridos por el legislador de 1889 v leyes posteriores;

b) Incorporar al texto legal disposiciones de fondo, dispersas actualmente en decretos y reglamentaciones administrativas;

c) Otorgar una mayor responsabilidad a los mercados de valores, acorde con la importancia que han adquirido en la actualidad, la naturaleza de las funciones que realizan y los principios de autorregulación que orientan la moderna legislación nacional y extranjera respecto de ciertas profesiones que revisten un determinado interés público;

d) Dar una mayor elasticidad a las actividades que se reglamentan, en consideración al permanente estado evolutivo que caracteriza al derecho bursátil.

20 - El Código de Comercio argentino denomina corredores de bolsa, sujetos a las disposiciones contenidas en el mismo Código sobre corredores, a las personas que el proyecto califica con el término de "agentes" de bolsa. E1 error del codificador dio lugar a innumerables litigios y controversias doctrinarias, acerca de la naturaleza jurídica de la función ejercida por quienes se dedican al comercio de los títulos valores. Una larga labor jurisprudencial y una numerosa doctrina de nuestros autores, actualmente indiscutida, lleva a la conclusión de que el corredor de bolsa por su forma de actuar en los negocios sobre títulos valores, no es solamente un mero intermediario que acerca a las partes intervinientes sino que, normalmente, perfecciona al negocio jurídico actuando en nombre propio por cuenta ajena; y es ésta su única forma de actuar en los recintos bursátiles. Empero, ese reconocimiento jurisprudencial y doctrinario, ha ido evolucionando en los últimos años de acuerdo con el importante rol que desempeña actualmente el denominado comisionista de bolsa, que no se limita a actuar en la forma expuesta sino que, en muchos casos, realiza funciones de agente financiero reuniendo los capitales necesarios para la organización y expansión de empresas privadas y colocación de fondos públicos. Es conocido el rol fundamental que desempeñan los agentes de bolsa en los países de gran desarrollo económico, a través de la constitución de sindicatos financieros y de las diversas modalidades del "underwriting", como medio indispensable de la expansión industrial.

Por ello el proyecto adopta la denominación de "agentes de bolsa", comprensiva de las diversas modalidades de actuar mencionadas, conforme con las ponencias presentadas al Primer Congreso de Derecho Comercial del año 1940.

El Decreto 12.793/49, reglamentario del Decreto-Ley 15.353/46, recoge, en cierta medida, los principios mencionados, aunque sujeta a la previa aprobación del Banco Central de la República Argentina, la realización, por parte de los denominados comisionistas de bolsa, de operaciones con títulos valores fuera de los recintos bursátiles. Este mismo criterio se reitera en el proyecto de decreto-ley orgánico sobre bolsas o mercados de valores, preparado por el Banco Central de la República Argentina en marzo de 1958, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto-Ley 13.126/57.

21.- Conforme a la concepción del proyecto, la actuación de los agentes de bolsa se rige por los siguientes principios:

a) Cuando realicen, exclusivamente, operaciones con títulos valores autorizados a cotizar por una bolsa de comercio, en el recinto de la misma, se hallarán sujetos únicamente a las disposiciones de esta ley, controlados en forma simultánea por la Comisión Nacional de Valores y el mercado de valores al cual pertenezcan, estando obligados a inscribirse únicamente en el registro previsto en el artículo 39, si actúan en forma individual, y si actúan en forma societaria deberán también cumplir con las normas del Código de Comercio, al respecto, haciéndose pasibles, en caso de transgresión a las normas vigentes en la materia, de las sanciones previstas por el artículo 59;

b) Cuando, además, efectúen ofertas públicas de títulos valores fuera de los recintos bursátiles, ya sea que los mismos estén autorizados o no a cotizar en una bolsa de comercio, deberán inscribirse en el Registro creado por el artículo 21, se hallarán sujetos a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 10) y deberán cumplir con las normas que establezcan las leyes de fondo y disposiciones administrativas, de acuerdo con el carácter jurídico en que actúen (inscripción en la matricula de corredores o comerciantes, en el ramo de comisiones, etc.); y

e) Cuando actúen como agentes financieros deberán, asimismo, adecuar su actuación a las disposiciones vigentes en materia financiera.

22.- En relación a la inscripción e incompatibilidad a las cuales se hallan sujetos los agentes de bolsa, el proyecto tiene en cuenta los antecedentes del Decreto. 12.793/49 y del proyecto de decreto-ley orgánico sobre bolsas o mercados de valores a que antes se ha hecho referencia, con algunas modificaciones aconsejadas por la experiencia de los últimos años y con la salvedad de suprimirse la intervención directa del poder administrador en cuanto a la inscripción se refiere, en mérito al sistema de autorregulación explicado anteriormente, sin perjuicio de garantizarse perfectamente los derechos de los solicitantes mediante el recurso jurisdiccional contemplado en el proyecto (artículos 43 y 60).

23.- Con referencia a las sociedades que pueden constituir los agentes de bolsa, el proyecto amplia la orientación del Decreto 12.793/49, y del antes mencionado proyecto del Banco Central, y establece la obligación de los mercados de valores de reglamentar las formalidades y requisitos que deberán cumplir las sociedades de agentes de bolsa y las constituidas entre éstos y otras personas como así también las condiciones exigidas a los socios que no sean agentes de bolsa. El temperamento seguido representa la tendencia consagrada en numerosos países, como los Estados Unidos de Norteamérica y Francia, con el objeto de facilitar una mayor solvencia técnica y financiera en el ejercicio de la función de agente de bolsa.

24.- El artículo 45 delega en los mercados de valores la reglamentación del ejercicio de las funciones de los agentes de bolsa, ratificando también en ese aspecto, el principio de autorregulación de dichas entidades. Las normas establecidas en esta materia por el Decreto 12.793/49 resultan superfluas ya que se hallan contenidas en los códigos de fondo vigentes o se trata de supuestos ya contemplados en otros artículos del proyecto.

25.- Los restantes artículos del capítulo siguen la orientación del Decreto número 12.793/49 y el proyecto antes citado del Banco Central. Tienen por objeto establecer un control eficiente sobre la actuación de los agentes de bolsa. Las únicas modificaciones consisten en que la fiscalización estatal se realiza a través de la Comisión Nacional de Valores, en lugar del Banco Central, como ocurre actualmente, y se introduce el principio del secreto profesional.

CAPITULO VI

26 - El capítulo del proyecto sobre operaciones y garantías, recoge la experiencia de estos últimos años. Deja en manos de los reglamentos de los mercados de valores establecer las diversas operaciones que pueden realizarse con títulos valores.

27.- El proyecto se aparta del Decreto 12.793/49 en cuanto a la garantía del cumplimiento de las operaciones de bolsa por el mercado de valores. Se consagra el principio de dejar librado a cada institución, a través de sus estatutos y reglamentaciones, la determinación de los casos y condiciones en que se garantizará dicho cumplimiento, de acuerdo con la tendencia del mencionado anteproyecto del Banco Central de 1958. El fundamento de la modificación radica en la conveniencia de otorgar una mayor elasticidad al mercado financiero bursátil, sin afectar el patrimonio de los mercados de valores, que constituye la garantía normal de las operaciones que ellos fiscalizan y registran. Al mismo tiempo, el mayor número de las operaciones a plazo y de caución bursátil, permitirá una mayor estabilidad de los precios en las operaciones al contado, tal como lo ha demostrado la experiencia en las principales plazas bursátiles mundiales.

28.- El artículo 54 del proyecto, es consecuencia del sistema explicado precedentemente y se inspira en la legislación italiana vigente.

29.- Con relación al fondo de garantía, el proyecto autoriza la capitalización de las sumas acumuladas al mismo que excedan el monto del capital suscripto del respectivo mercado de valores, y exime de todo gravamen a las sumas destinadas a dicho fondo atento el carácter obligatorio del mismo y su finalidad de protección a los inversores.

CAPITULO VII

30.- El proyecto faculta a los mercados de valores a aplicar medidas disciplinarias a los agentes de bolsa que hayan transgredido las disposiciones que regulan su actuación en dichos mercados.

31.- Siguiendo la orientación general del proyecto de acuerdo a la moderna tendencia legislativa de nuestro país y del derecho comparado, este capítulo suprime la instancia administrativa contra las decisiones de los mercados de valores, estableciendo un recurso de apelación judicial, sin perjuicio del recurso de apelatoria que, con carácter optativo, se le concede al agente de bolsa.

Atentas las facultades de fiscalización sobre los mercados de valores y los agentes de bolsa, que el artículo 6º del proyecto le otorga, la Comisión Nacional de Valores podrá requerir a los mercados de valores la aplicación de las medidas disciplinarias que considere oportunas; y también podrá recurrir, judicialmente, de cualquier decisión adoptada al respecto por dichos mercados cuando las mismas no signifiquen, a su criterio, el restablecimiento del orden legal vulnerado.

El recurso judicial sólo procede, en cuanto a los agentes de bolsa se refiere, cuando la medida disciplinaria consista en suspensiones por más de cinco días o inhabilitación para actuar como agente de bolsa. Se excluyen del mismo las sanciones más leves, que normalmente sólo proceden en casos que atenten contra la disciplina interna de las instituciones sin afectar el interés general, sin perjuicio de la intervención que la Comisión Nacional de Valores estime procedente en el ejercicio de su poder de policía.

Con el fin de proteger los derechos de quienes soliciten inscripción para poder actuar como agentes de bolsa, el artículo 43, segundo párrafo del proyecto, extiende a su respecto el ámbito de aplicación de los recursos contemplados en el artículo 60.

32.- En razón de que los mercados de valores pueden actuar también a pedido de parte interesada, y dado el principio de interés como medida de las acciones, que inhibe a los inversores afectados apelar las decisiones dictadas por un mercado respecto a sus socios, se establece la obligación de aquéllos de comunicar dichos pedidos a la Comisión Nacional de Valores, con el objeto de facilitar a la misma el conocimiento de situaciones que puedan requerir la intervención del organismo estatal.

33.- El proyecto suprime la primera instancia judicial en mérito a una mayor celeridad, conforme al criterio adoptado por los artículos 14 y 34 y siguiendo la actual tendencia legislativa argentina.

Dado el carácter de repartición autárquica nacional conferido a la Comisión Nacional de Valores, el proyecto establece la competencia nacional en la tramitación de los recursos por ella interpuestos, aun en los casos en que también haya apelado el agente de bolsa interesado.

Saludamos a V.E. con nuestra más alta consideración.

Pablo S. Aldazábal

Luis M. Baudizzone

Jorge Bacqué

Gervasio R. Colombres

Manuel Mosquera

Wenceslao Urdapilleta

Buenos Aires, 16 de julio de 1968

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA

CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

ARTICULO 1º.- La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación.

ARTICULO 2º.- Sus funciones las ejerce un Directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Duran siete años en el ejercicio de sus cargos y son reelegibles. Deben ser personas de notoria idoneidad en la materia, por sus antecedentes o actividades profesionales. No pueden desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia y comisiones de estudio.

ARTICULO 3º.- El Poder Ejecutivo Nacional designa al presidente y vicepresidente del directorio. El presidente o, en su caso, el vicepresidente, ejerce la representación de la Comisión Nacional de Valores y tiene voto decisivo en caso de empate.

El directorio puede sesionar con la presencia de tres de sus integrantes, adoptándose las decisiones por mayoría de votos de los presentes.

ARTICULO 4º.- La designación, suspensión y remoción del personal corresponde al directorio. Los miembros del directorio y el personal gozan de las asignaciones que les fije el presupuesto nacional.

ARTICULO 5.- El gasto que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores, es cubierto con los recursos que le asigne el Presupuesto General de la Nación. El producido de las multas previstas en esta ley ingresan a las rentas generales de la Nación.

ARTICULO 6º (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- La COMISION NACIONAL DE VALORES tiene las siguientes funciones:

a) Autorizar la oferta pública de títulos valores.

b) Asesorar al PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre los pedidos de autorización para funcionar que efectúen las bolsas de comercio, cuyos estatutos prevén la cotización de títulos valores, y los mercados de valores.

c) Llevar el índice general de los agentes de bolsa inscriptos en los mercados de valores.

d) Llevar el registro de las personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar oferta pública de títulos valores y establecer las normas a que deben ajustarse aquellas y quienes actúan por cuenta de ellas.

e) Aprobar los reglamentos de las bolsas de comercio relacionados con la oferta pública de títulos valores, y los de los mercados de valores.

f) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito de aplicación de la presente ley.

g) Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el retiro de la autorización para funcionar acordada a las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y a los mercados de valores, cuando dichas instituciones no cumplan las funciones que le asigna esta ley.

h) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, a las reglamentaciones dictadas por la COMISION NACIONAL DE VALORES, al estatuto o a los reglamentos.

ARTICULO 7º.- La Comisión Nacional de Valores dicta las normas a las cuales deben ajustarse las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de títulos valores, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. En el ejercicio de sus funciones puede:

a) Requerir informes y realizar inspecciones e investigaciones en las personas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización;

b) Recabar el auxilio de la fuerza pública;

c) Iniciar acciones judiciales;

d) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante.

ARTICULO 8º.- Las informaciones recogidas por la Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de sus facultades de inspección e investigación tienen carácter secreto. Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de requerimiento de dichas informaciones a la comisión, salvo en los procesos penales por delitos comunes directamente vinculados con los hechos que se investiguen.

ARTICULO 9º.- El directorio y el personal de la Comisión Nacional de Valores deben guardar secreto de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de violarlo se harán pasibles de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

ARTICULO 10 (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- Sanciones. Las personas físicas y jurídicas que infrinjan las disposiciones de la presente ley y las reglamentarias, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que fueren aplicables, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Multa de PESOS MIL ($ 1.000) a PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000) que podrá ser elevada hasta CINCO (5) veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos resultara mayor.

c) Inhabilitación hasta CINCO (5) años para ejercer funciones como directores, administradores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, integrantes del consejo de calificación, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes de emisoras autorizadas a hacer oferta pública, o para actuar como tales en sociedades gerentes o depositarias de fondos comunes de inversión, en sociedades calificadoras de riesgo o en sociedades que desarrollen actividad como fiduciarios financieros, o para actuar como intermediarios en la oferta pública o de cualquier otro modo bajo fiscalización de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

d) Suspensión de hasta DOS (2) años para efectuar ofertas públicas o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública. En el caso de fondos comunes de inversión, se podrán únicamente realizar actos comunes de administración y atender solicitudes de rescate de cuotapartes, pudiendo vender con ese fin los bienes de la cartera con control de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

e) Prohibición para efectuar ofertas públicas de valores negociables o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública de valores negociables o con contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza.

A los fines de la fijación de las sanciones antes referidas, la COMISION NACIONAL DE VALORES deberá tener especialmente en cuenta: el daño a la confianza en el mercado de capitales; la magnitud de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor; el volumen operativo del infractor; la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y su vinculación con el grupo de control, en particular, el carácter de miembro(s) independientes o externo(s) de dichos órganos; y la circunstancia de haber sido, en los SEIS (6) años anteriores sancionado por aplicación de la presente ley. En el caso de las personas jurídicas responderán solidariamente los directores, administradores, síndicos o miembros de los consejos de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del consejo de calificación, respecto de quienes se haya determinado responsabilidad individual en la comisión de las conductas sancionadas.

ARTICULO 10 bis (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- Multas. El importe correspondiente a las sanciones de multas deberá ser ingresado por los obligados a su pago dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha en que la resolución que las impone quede firme.

Las sumas ingresadas por el producido de las multas se incorporarán al Tesoro Nacional.

Título ejecutivo. Medidas Cautelares. La falta de pago de las multas impuestas y el de sus acreencias hará exigible su cobro mediante el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto será título suficiente la constancia que emita la COMISION NACIONAL DE VALORES, suscripta por su representante legal o persona en quien se haya delegado tal facultad, sin que puedan oponerse otras excepciones que las de prescripción, espera y pago documentado. Asimismo, dichas multas devengarán los intereses que cobre el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para las operaciones ordinarias de descuento desde el vencimiento del plazo de DIEZ (10) días posteriores al de la fecha de su imposición hasta su efectivo pago. La resolución definitiva de la COMISION NACIONAL DE VALORES aplicando una multa, hará admisible la petición de medidas cautelares contra los infractores, teniendo la presentación de la constancia de tal decisión efectos similares al caso previsto en el artículo 212, inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Registro de sanciones. La COMISION NACIONAL DE VALORES llevará un registro público de las sanciones que imponga, donde se harán constar las sucesivas resoluciones que se dicten hasta la última instancia judicial en el que se consignarán los datos de los responsables y las medidas adoptadas a su respecto.

Existencia de causas penales. La existencia de causas ante la justicia con competencia en lo criminal con respecto a conductas descriptas en la presente Ley y que pudieren también dar lugar a condenas en esa sede, no obstará a la prosecución y conclusión de los sumarios respectivos en la COMISION NACIONAL DE VALORES o en las entidades autorreguladas.

Prescripción. La prescripción de las acciones que nacen de las infracciones al régimen de la Ley N° 17.811 y sus modificatorias, de la Ley N° 24.083 y sus modificatorias, y del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, se operará a los SEIS (6) años de la comisión del hecho que la configure. Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimiento inherentes a la substanciación del sumario, una vez abierto por resolución del Directorio de la COMISION NACIONAL DE VALORES. La prescripción de la multa se operará a los TRES (3) años contados a partir de la fecha de notificación de dicha sanción firme.

ARTICULO 11.- Cuando la Comisión Nacional de Valores verifique que un agente de bolsa al realizar operaciones en un mercado de valores ha transgredido disposiciones de esta ley o reglamentarias, debe ponerlo en conocimiento del respectivo mercado, a quien compete aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.

ARTICULO 12 (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- Las sanciones establecidas en el presente capítulo serán aplicadas por el Directorio de la COMISION NACIONAL DE VALORES, mediante resolución fundada, previo sumario substanciado a través del procedimiento que reglamentariamente establezca la COMISION NACIONAL DE VALORES, que deberá observar y hacer aplicación de los principios y normas que se establecen en este artículo y de las normas de procedimiento que dicte la propia COMISION NACIONAL DE VALORES.

Serán de aplicación supletoria los principios y normas del procedimiento administrativo y deberá resguardarse a través de la transcripción en actas de las audiencias orales, la totalidad de lo actuado para la eventual revisión en segunda instancia.

El trámite sumarial deberá iniciarse sobre la base de las conclusiones de la investigación, de oficio o por denuncia, que una dependencia de la COMISION NACIONAL DE VALORES efectuará y que incluirá una propuesta de formulación de cargos para su elevación al Directorio. El Directorio será el órgano competente para decidir la apertura del sumario. La substanciación del sumario será función de otra dependencia de la COMISION NACIONAL DE VALORES, separada e independiente de la que formule la propuesta de cargos. La dependencia sumariante, una vez substanciado el sumario, elevará las actuaciones al Directorio con sus recomendaciones, para la consideración y decisión del mismo.

Cuando las actuaciones se inicien por denuncia ante la COMISION NACIONAL DE VALORES, el denunciante no será considerado parte del procedimiento y en ningún caso podrá tomar conocimiento de aquellas actuaciones amparadas por el secreto dispuesto por los artículos 8° y 9° de la presente ley. El Directorio de la COMISION NACIONAL DE VALORES podrá previo dictamen de los órganos competentes, desestimar la denuncia cuando de su sola exposición o del examen preliminar efectuado resultare que los hechos no encuadran en las infracciones descriptas en la ley o en la reglamentación aplicable. En este caso, la decisión deberá ser notificada al denunciante quien podrá recurrirla según lo previsto por el artículo 14 de la presente ley.

La COMISION NACIONAL DE VALORES podrá disponer en cualquier momento previo a la instrucción del sumario la comparecencia personal de las partes involucradas en la investigación para requerir las explicaciones que estime necesarias y aún para reducir las discrepancias que pudieren existir sobre cuestiones de hecho labrándose acta de lo actuado en dicha audiencia preliminar. En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia. De resultar admitidos los hechos y mediando el reconocimiento expreso por parte de los investigados de las conductas infractoras y de su responsabilidad, la COMISION NACIONAL DE VALORES podrá disponer la conclusión de la investigación resolviendo sin más trámite, y disponiendo en el mismo acto la aplicación de las sanciones que correspondan de conformidad con el artículo 10 de la presente ley.

Deberá contemplarse en forma previa a la apertura a prueba del procedimiento sumarial la celebración de una audiencia preliminar donde además de requerirse explicaciones, se procurará reducir las discrepancias sobre cuestiones de hecho, concentrando distintos pasos del procedimiento para dar virtualidad a los principios de concentración, economía procesal e inmediación.

ARTICULO 13 (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- Cuando fundadamente se advierta la existencia de situaciones de riesgo sistémico, u otras de muy grave peligro, la COMISION NACIONAL DE VALORES, o las respectivas entidades autorreguladas, podrán suspender preventivamente la oferta pública o la negociación de valores negociables, o de contratos a término, de futuros y opciones de cualquier naturaleza y la ejecución de cualquier acto sometido a su fiscalización. También podrá adoptarse al iniciarse la investigación o en cualquier etapa del sumario no pudiendo prolongarse una vez culminada la investigación, el sumario o superado un año de su iniciación. Cuando afecte a entidades autorreguladas podrá extenderse hasta un máximo de TREINTA (30) días, salvo que la medida sea prorrogada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Interrupción. La COMISION NACIONAL DE VALORES, o las respectivas entidades autorreguladas, podrán interrumpir transitoriamente la oferta pública de valores negociables o de contratos a término, de futuros y opciones de cualquier naturaleza cuando se encuentre pendiente la difusión de información relevante, o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción.

ARTICULO 14 (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- Las decisiones que dicte la COMISION NACIONAL DE VALORES instruyendo sumario y durante su substanciación serán irrecurribles, pero podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se apelara la resolución definitiva.

Las resoluciones definitivas aplicando sanciones mayores a la de apercibimiento podrán ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El recurso se interpondrá y fundará por escrito ante la COMISION NACIONAL DE VALORES dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificada la medida y se concederá con efecto devolutivo, con excepción del recurso contra la imposición de multa que será con efecto suspensivo.

Las actuaciones deberán ser elevadas con el sumario al órgano judicial competente dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de interposición del recurso.

ARTICULO 15 (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01).- La sanción de apercibimiento sólo podrá ser objeto de recurso de reconsideración ante la COMISION NACIONAL DE VALORES. Deberá interponerse por escrito fundado dentro del término de DIEZ (10) días hábiles de notificada dicha sanción y resuelto sin otra substanciación. En el caso que la sanción de apercibimiento fuera impuesta juntamente con alguna de las restantes medidas descriptas en el artículo 10 de la Ley N° 17.811 y sus modificaciones, ambas serán recurribles mediante el procedimiento previsto en el artículo anterior.

CAPITULO II

ARTICULO 16.- Se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos valores, efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.

ARTICULO 17.- Pueden ser objeto de oferta pública únicamente los títulos valores emitidos en masa, que por tener las mismas características y otorgar los mismos derechos dentro de su clase, se ofrecen en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo.

ARTICULO 18.- La oferta pública de títulos valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades, los entes autárquicos y las empresas del Estado, no está comprendida en esta ley, sin perjuicio de las facultades del Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y del crédito. Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones de esta ley, la negociación de los títulos valores citados cuando la misma se lleve a cabo por una persona física o jurídica privada, en las condiciones que se establecen en el artículo 16.

ARTICULO 19.- La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud de autorización para realizar oferta pública dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de su presentación.

Cuando vencido dicho plazo, no se hubiera expedido, el interesado puede requerir pronto despacho. A los diez días de presentado este pedido si la Comisión Nacional de Valores no se hubiera pronunciado, se considera concedida la autorización, salvo que aquélla prorrogue el plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de treinta días a partir de la fecha en que se disponga. Vencido este nuevo plazo, la autorización se considera otorgada. La resolución que deniegue la autorización es recurrible, aplicándose a tal efecto las mismas normas de competencia y procedimiento establecidas en el artículo 14.

La denegatoria no puede fundarse en razones de oportunidad o conveniencia.

La autorización para efectuar oferta pública de determinada cantidad de títulos valores, no importa autorización para el ofrecimiento de otros emitidos por el mismo emisor, aun cuando tengan las mismas características.

ARTICULO 20.- El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y del crédito, puede limitar, con carácter general y temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de títulos valores. Esta facultad podrá ejercerla indistintamente respecto a los títulos valores públicos o privados. La resolución debe ser comunicada a la Comisión Nacional de Valores, para que suspenda la autorización de nuevas ofertas públicas y a las bolsas de comercio para que suspendan la autorización de nuevas cotizaciones.

ARTICULO 21.- Pueden realizar oferta pública de títulos valores las sociedades que los emitan y las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro establecido por el artículo 6º, inciso d) de esta ley. Estas últimas deben llevar un registro o fichero con los datos personales, documentos de identidad y firma de sus clientes. El agente de bolsa que opere exclusivamente en un mercado de valores, está exento del cumplimiento de los recaudos mencionados en este artículo.

CAPITULO III

ARTICULO 22.- Las bolsas o mercados de comercio deben constituirse como asociaciones civiles con personería jurídica o como sociedades anónimas.

ARTICULO 23.- Los reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben asegurar la realidad de las operaciones y la veracidad de su registro y publicación.

ARTICULO 24.- El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en una bolsa o mercado de comercio, determina el precio corriente de los bienes negociados.

ARTICULO 25.- Las operaciones de bolsa deben concertarse para ser cumplidas. Las partes no pueden substraerse a su cumplimiento invocando que tuvieron intención de liquidarlas mediante el pago de la diferencia entre los precios que se registren al tiempo de la concertación y al de la ejecución.

ARTICULO 26.- Los estatutos y reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben establecer en qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se realizan o registran.

ARTICULO 27.- Las bolsas o mercados de comercio pueden organizar cámaras compensadoras para liquidar las operaciones. Asimismo, pueden realizar transacciones financieras tendientes a facilitar la concertación de operaciones bursátiles de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.

CAPITULO IV

ARTICULO 28.- Las bolsas de comercio, cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores, y los mercados de valores, que deseen constituirse en el futuro, deben requerir autorización al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Comisión Nacional de Valores, para desarrollar las funciones que esta ley asigna a esas entidades.

ARTICULO 29.- La intervención de la Comisión Nacional de Valores prevista en el artículo anterior se ejerce sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos estatales de la Nación o de las provincias.

ARTICULO 30.- Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores, deben:

a) Autorizar, suspender y cancelar la cotización de títulos valores en la forma que dispongan sus reglamentos;

b) Establecer los requisitos que deben cumplirse para cotizar títulos valores y mientras subsista la autorización;

c) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de las sociedades cuyos títulos valores se coticen;

d) Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la veracidad de los balances y demás documentos que deban presentarles o publicar las sociedades cuyos títulos valores tienen cotización autorizada;

e) Dictar normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de las cotizaciones y publicar las mismas y los precios corrientes.

ARTICULO 31.- Las facultades mencionadas en el artículo anterior deben ser ejercidas previo dictamen de una comisión de títulos que debe constituir cada bolsa de comercio. Las comisiones de títulos están integradas por el presidente del mercado de valores respectivo, o quien lo reemplace y por los representantes de emisores, inversores y demás actividades interesadas que nombrarán las bolsas de comercio.

ARTICULO 32.- Para que una bolsa de comercio pueda autorizar la cotización de un título valor privado, es requisito previo que éste haya sido autorizado por la Comisión Nacional de Valores para ser ofrecido públicamente.

ARTICULO 33.- Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores están autorizadas a percibir los derechos y aranceles que deben satisfacer los emisores por la cotización y las partes en cada operación, los cuales son fijados por las bolsas y presentados al Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación a los efectos de su aprobación. Se considerarán definitivamente establecidos si dicho ministerio no se pronuncia dentro del plazo de sesenta días a partir de su presentación.

ARTICULO 34.- Las decisiones de las bolsas de comercio que denieguen, suspendan o cancelen la cotización de títulos valores son recurribles por violación de los reglamentos de dichas entidades, dentro del plazo de quince días, ante los Tribunales Ordinarios de Segunda Instancia de la jurisdicción que corresponda.

El escrito de interposición y fundamento del recurso se presenta ante la bolsa de comercio, la cual debe elevarlo al tribunal dentro de tercero día. El tribunal resuelve sin otra substanciación, salvo las medidas que dicte para mejor proveer. El recurso se concede al solo efecto devolutivo.

ARTICULO 35.- Los mercados de valores deben constituirse como sociedades anónimas con acciones nominativas endosables o no. No pueden usar la denominación "mercados de valores" u otra similar ni desarrollar actividades propias de tales instituciones, las entidades que no hayan sido autorizadas de acuerdo con la presente ley.

ARTICULO 36.- Los mercados de valores sólo pueden permitir la negociación de títulos valores cuya cotización hubiese sido autorizada por la bolsa de comercio que integren y las que deban realizarse por orden judicial. Las operaciones sobre títulos valores dispuestas en expedientes judiciales, deben ser efectuadas por un agente de bolsa en el respectivo recinto de operaciones.

ARTICULO 37.- Los mercados de valores deben dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones que efectúen los agentes de bolsa.

ARTICULO 38.- Los mercados de valores están autorizados a percibir los derechos y aranceles que deben satisfacer las partes en cada operación, aplicándose lo dispuesto en el artículo 33 respecto a su fijación y aprobación.

CAPITULO V

ARTICULO 39.- Los mercados de valores deben llevar un registro de agentes de bolsa. Ninguna persona física o jurídica puede operar en un mercado de valores ni usar la denominación de agente de bolsa o desarrollar actividades de tal sin estar inscripta en el registro del mercado correspondiente.

ARTICULO 40.- Los mercados de valores deben poner en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, toda información referente a los nuevos agentes de bolsa que inscriban en sus registros, la eliminación de inscripciones y cualquier modificación que al respecto se produzca.

ARTICULO 41.- Para ser agente de bolsa, sin perjuicio de las condiciones que exija el respectivo mercado, se requiere:

a) Ser mayor de edad;

b) Ser accionista del mercado de valores correspondiente y haber constituido una garantía a la orden del mismo;

c) Poseer idoneidad para el cargo, solvencia moral y responsabilidad patrimonial, a juicio del mercado de valores respectivo;

d) Ser socio de la bolsa de comercio a la cual esté adherido el mercado de valores correspondiente.

ARTICULO 42.- No pueden ser inscriptos como agentes de bolsa:

a) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta; los fallidos por quiebra casual y los concursados, hasta cinco años después de su rehabilitación; los condenados con pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por delito cometido con ánimo de lucro o por delito contra la fe pública;

b) Las personas en relación de dependencia con las sociedades que coticen sus acciones;

c) Los funcionarios y empleados rentados de la Nación, las provincias y municipalidades, con exclusión de los que desempeñen actividades docentes o integren comisiones de estudio;

d) Las personas que ejercen tareas que las reglamentaciones de los mercados de valores declaren incompatibles con la función de agente de bolsa.

Cuando la incompatibilidad sobrevenga a la inscripción, el agente de bolsa queda suspendido en sus funciones hasta tanto aquélla desaparezca.

ARTICULO 43.- Los reglamentos de los mercados de valores deben establecer la forma en que los aspirantes a agente de bolsa han de acreditar los requisitos y condiciones para su inscripción y el plazo dentro del cual la entidad debe expedirse.

En caso de que el mercado de valores deniegue la inscripción, el solicitante puede interponer los recursos previstos en el artículo 60, aplicándose a tales efectos las normas señaladas en los artículos 60 y 61.

La solicitud denegada sólo puede reiterarse dos años después de haber quedado firme la pertinente resolución.

ARTICULO 44.- Los reglamentos de los mercados de valores deben establecer las formalidades y requisitos que han de cumplir las sociedades de agentes de bolsa y las constituidas entre éstos y otras personas. Deben fijar también las condiciones de admisión, idoneidad, solvencia moral y responsabilidad material que han de reunir los socios que no sean agentes de bolsa.

Los socios actúan en nombre de la sociedad y no pueden operar en títulos valores en nombre propio.

Son aplicables a las sociedades de agentes de bolsa y a las constituidas entre éstos y otras personas, las disposiciones que regulan la actividad de los agentes de bolsa,

ARTICULO 45.- Los agentes de bolsa, en el ejercicio de sus funciones, deben ajustarse a lo que dispongan los reglamentos de cada mercado.

ARTICULO 46.- Los agentes de bolsa deben guardar secreto de las operaciones que realicen por cuenta de terceros, así como de sus nombres. Sólo pueden ser relevados de esta obligación por decisión judicial dictada en proceso criminal vinculado a esas operaciones o a terceros relacionados con ellas.

Sólo pueden aceptar órdenes de personas que previamente hayan acreditado su identidad y demás datos personales y registrado su firma en el registro que a ese efecto deben llevar.

ARTICULO 47.- Los mercados de valores deben establecer los libros, registros y documentos que, sin perjuicio de las disposiciones legales pertinentes, han de utilizar los agentes de bolsa.

ARTICULO 48.- Los mercados de valores pueden inspeccionar los libros y documentos de los agentes de bolsa, y solicitarles toda clase de informes.

Las informaciones obtenidas sólo pueden ser reveladas, mediando las circunstancias señaladas en el artículo 46.

ARTICULO 49.- La firma de un agente de bolsa da autenticidad a los boletos y demás documentos correspondientes a las operaciones en que haya intervenido.

ARTICULO 50.- Los aranceles de las comisiones que deben percibir los agente de bolsa, por su intervención en los distintos tipos de operaciones, son fijados por los respectivos mercados de valores y presentados al Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación para su aprobación. Se considerarán definitivamente establecidos si dicho ministerio no se pronuncia en el término de sesenta días.

ARTICULO 51.- Los agentes de bolsa solamente deben percibir las comisiones previstas en los respectivos aranceles. No deben eximir a sus comitentes del pago de las mismas, ni cederlas a otros agentes de bolsa o a terceros, salvo autorización del mercado de valores respectivo.

CAPITULO VI

ARTICULO 52.- En los mercados de valores se opera en títulos valores públicos o privados, de acuerdo con las condiciones que fijen los respectivos reglamentos.

ARTICULO 53.- Cuando un mercado de valores garantice el cumplimiento de las operaciones, debe liquidar las que tuviese pendientes el agente de bolsa declarado en quiebra. Si de la liquidación resultase un saldo a favor del fallido, lo depositará en el juicio de quiebra.

ARTICULO 54.- En los casos en que los mercados de valores no garanticen el cumplimiento de las operaciones, deben expedir a favor del agente de bolsa que hubiese sufrido una pérdida como consecuencia del incumplimiento del otro contratante, un certificado en el que conste la suma en pesos moneda nacional derivada de dicho incumplimiento. Este certificado constituye título ejecutivo para el cobro de la suma que figura en el mismo, contra el agente de bolsa deudor.

ARTICULO 55.- El margen de garantía de las operaciones a plazo es fijado por los mercados de valores cuando éstos garanticen dichas operaciones, y entra en vigencia desde su publicación.

El Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede con carácter excepcional disponer la modificación de dicho margen.

Los reglamentos de los mercados de valores deben establecer la forma de constitución del margen de garantía y de reposición de la pérdida determinada por la fluctuación en la cotización de los títulos valores, con relación al precio concertado. Los márgenes y reposiciones deben quedar depositados en los mercados de valores.

ARTICULO 56.- El comitente debe entregar al agente de bolsa la garantía y la reposición por diferencias dentro del plazo que establezca la reglamentación del mercado de valores. En caso contrario el agente queda autorizado para liquidar la operación.

ARTICULO 57.- Los mercados de valores deben constituir un "Fondo de Garantía" para hacer frente a los compromisos no cumplidos por los agentes de bolsa, originados en operaciones cuya garantía haya tomado a su cargo, con el cincuenta por ciento como mínimo de las utilidades anuales líquidas y realizadas.

Las sumas acumuladas en este fondo, hasta alcanzar un importe igual al capital subscrito, deben mantenerse disponibles o invertirse en títulos valores públicos con cotización autorizada. El excedente puede ser invertido en la forma y condiciones acordes con la finalidad de la entidad, o ser capitalizado conforme con la reglamentación del mercado respectivo.

Las sumas destinadas al fondo de garantía y este último están exentos de impuesto, tasas y cualquier otro gravamen fiscal.

ARTICULO 58.- El agente de bolsa es responsable ante el mercado de valores por cualquier suma que dicha entidad hubiese abonado por su cuenta. El agente de bolsa, mientras no regularice su situación y pruebe que han mediado contingencias fortuitas o de fuerza mayor, queda suspendido.

CAPITULO VII

ARTICULO 59.- Los mercados de valores tienen facultades disciplinarias sobre los agentes de bolsa que violen la presente ley, las disposiciones que en su consecuencia se dicten y los estatutos y reglamentos de dichas entidades. Actúan de oficio, a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores o a pedido de parte interesada; en este último caso, deben comunicarlo a la Comisión Nacional de Valores dentro de tercero día de recibido.

Pueden aplicar las siguientes medidas disciplinarias:

a) Apercibimiento;

b) Suspensión;

c) Revocación de la inscripción para actuar como agente de bolsa.

Las medidas disciplinarias deben ser resueltas luego del descargo del sumariado o en su defecto al vencimiento de los tres días de avisos que deben ser publicados en la pizarra del mercado de valores.

Las medidas disciplinarias deben ser decididas con el quórum de la mitad más uno de los miembros del directorio del mercado de valores y el voto de los dos tercios de los presentes.

La notificación de las medidas disciplinarias se efectúa en forma personal o, no siendo ésta posible, mediante su publicación en la pizarra del mercado de valores.

Cuando el sumario se hubiera iniciado a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores, o a pedido de parte interesada, la resolución definitiva debe ser notificada a dicha comisión.

El mercado de valores que aplique la medida disciplinaria debe comunicarla, dentro de tercero día, a todos los mercados de valores. Las medidas previstas en los incisos b) y c) de este artículo producen efecto en todos los mercados de valores.

ARTICULO 60.- La resolución sobre medidas disciplinarias puede ser objeto del recurso de revocatoria ante el mercado y del judicial ante el tribunal competente. Deben ser interpuestos por el sancionado, o por la Comisión Nacional de Valores cuando el mercado haya actuado a su requerimiento, dentro del plazo de quince días de notificada.

En los casos de apercibimiento o suspensión de hasta cinco días no procede el recurso judicial.

Cuando el recurso judicial sea interpuesto por la Comisión Nacional de Valores, es competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda, y en la Capital de la República, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Si el recurso es interpuesto sólo por el agente de bolsa, tiene competencia en la Capital Federal este último tribunal y en las provincias el Tribunal Ordinario de Segunda Instancia.

El escrito de interposición y fundamento del recurso se presenta ante el mercado de valores, quien debe elevarlo al tribunal con todos sus antecedentes dentro de tercero día. El tribunal resuelve, sin otra substanciación, salvo las medidas que dicte para mejor proveer.

El recurso se concede al solo efecto devolutivo.

ARTICULO 61.- Si el agente de bolsa ha solicitado revocatoria, el recurso judicial debe ser interpuesto dentro de los diez días de notificada la resolución sobre la revocatoria o vencido el plazo de treinta días de la fecha de su interposición sin que el mercado se hubiese pronunciado.

ARTICULO 62.- El agente de bolsa cuya inscripción hubiese sido cancelada, sólo puede pedir nueva inscripción una vez transcurrido el plazo de cinco años.

CAPITULO VIII (Texto s/Anexo Dcto. N° 677/01)

Régimen de las Entidades Emisoras

ARTICULO 63.- Normas Aplicables. Son aplicables a las entidades emisoras comprendidas en el régimen de la oferta pública las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, en forma complementaria a las normas aplicables según la forma jurídica adoptada por dichas sociedades.

ARTICULO 64.- Información contable. Son aplicables a las entidades emisoras comprendidas en el régimen de la oferta pública, las siguientes disposiciones referidas a la información contable:

Estados Contables Consolidados. Al sólo efecto informativo, sin perjuicio de las obligaciones aplicables a cada sociedad, la COMISION NACIONAL DE VALORES en cada caso particular podrá autorizar a la sociedad controlante la difusión exclusiva de los estados contables consolidados cuando éstos describan en forma clara, veraz y con mayor fidelidad la situación e información de la sociedad con oferta pública autorizada.

Notas Complementarias. Sin perjuicio de la información requerida por las disposiciones legales aplicables, los emisores deberán incluir adicionalmente en las notas complementarias a sus estados contables la siguiente información:

Ampliación de la Memoria. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones y de la reglamentación adicional que establecerá la COMISION NACIONAL DE VALORES se incluirá en la Memoria como información adicional por lo menos la siguiente:

Envío de la información. La COMISION NACIONAL DE VALORES podrá autorizar el envío de toda la documentación contable y demás información financiera por medios electrónicos u otras vías de comunicación, siempre que cumplan con las normas de seguridad que a tal efecto disponga.

ARTICULO 65.- Reuniones a Distancia. El órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, cuando así lo prevea el estatuto social. El órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Se entenderá que sólo se computarán a los efectos del quórum a los miembros presentes, salvo que el estatuto establezca lo contrario. Asimismo, el estatuto deberá establecer la forma en que se hará constar en las actas la participación de miembros a distancia.

Las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los CINCO (5) días de celebrada la reunión por los miembros presentes y el representante del órgano de fiscalización.

El Estatuto podrá prever que las asambleas se puedan también celebrar a distancia, a cuyo efecto la COMISION NACIONAL DE VALORES reglamentará los medios y condiciones necesarios para otorgar seguridad y transparencia al acto.

ARTICULO 66.- Exceso de suscripciones. Al adoptar la resolución de aumento de capital, la asamblea podrá autorizar al directorio a aumentar el número de acciones autorizado, previendo que en una emisión los pedidos de suscripción excedan la cantidad de acciones ofrecidas por la sociedad. En tal caso, la asamblea deberá fijar el límite de tal emisión en exceso. No podrá superarse el límite que fije la COMISION NACIONAL DE VALORES, la que deberá establecer los recaudos a ser cumplidos en estos casos.

ARTICULO 67.- Opciones sobre acciones. En las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, cuando así lo prevea su estatuto, la asamblea podrá aprobar la emisión de opciones sobre acciones a emitir o valores convertibles en acciones y delegar en el directorio la fijación de los términos y condiciones de su emisión y de los derechos que otorguen. Puede delegarse en el órgano de administración la fijación del precio de las opciones y el de las acciones a las que éstas den derecho. Las respectivas decisiones de las asambleas y del directorio deberán publicarse y registrarse. Adicionalmente, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 11, 12, y 17 a 27 de la Ley Nº 23.576, modificada por las Leyes Nº 23.962 y Nº 24.435.

ARTICULO 68.- Adquisición de sus acciones por la sociedad. Una sociedad anónima podrá adquirir las acciones que hubiera emitido, en tanto estén admitidas a la oferta pública y cotización por parte de una entidad autorregulada, bajo las condiciones previstas en este artículo y aquéllas que determine la COMISION NACIONAL DE VALORES. La reglamentación deberá respetar el principio de trato igualitario entre todos los accionistas y el derecho a la información plena de los inversores.

Condiciones. Son condiciones necesarias para toda adquisición de sus acciones por la sociedad emisora, las siguientes:

a) Que las acciones a adquirirse se hallen totalmente integradas.

b) Que medie resolución fundada del directorio, con informe del comité de auditoría y de la comisión fiscalizadora. La resolución del directorio deberá establecer la finalidad de la adquisición, el monto máximo a invertir, la cantidad máxima de acciones o el porcentaje máximo sobre el capital social que será objeto de adquisición y el precio máximo a pagar por las acciones. El directorio deberá brindar a accionistas e inversores información amplia y detallada.

c) Que la adquisición se efectúe con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres o facultativas, debiendo la sociedad acreditar ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES que cuenta con la liquidez necesaria y que dicha adquisición no afecta la solvencia de la sociedad.

d) Que el total de las acciones que adquiera la sociedad, incluidas las que hubiera adquirido con anterioridad y permanecieran en su poder en ningún caso excedan del límite del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social o del límite porcentual menor que determine la COMISION NACIONAL DE VALORES teniendo en cuenta el volumen de negociación de las acciones en cuestión.

Las acciones adquiridas por la sociedad en exceso de tales límites deberán ser enajenadas en el término de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de la adquisición que hubiere dado origen al exceso en la forma dispuesta en el inciso d) del presente artículo. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda imputar a los directores de la sociedad.

Procedimiento. Las operaciones celebradas con motivo de la adquisición de acciones de propia emisión podrán llevarse a cabo mediante operaciones en el mercado o a través de una oferta pública de adquisición. En el caso de adquisiciones en el mercado, el monto de éstas, realizadas en un mismo día, no podrá ser superior al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del volumen promedio de transacción diario que hayan experimentado las acciones de la sociedad durante los NOVENTA (90) días anteriores. En cualquier caso, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES podrá requerir que tal compra se ejecute mediante una Oferta Pública de Adquisición cuando las acciones a ser adquiridas representen un porcentaje importante con relación al volumen promedio de negociación.

Enajenación. Las acciones adquiridas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo deberán ser enajenadas por la sociedad dentro del plazo máximo de TRES (3) años a contar de su adquisición, salvo prórroga resuelta por la asamblea ordinaria. Transcurrido el plazo indicado y no mediando resolución asamblearia, el capital quedará disminuido de pleno derecho en un monto igual al valor nominal de las acciones que permanezcan en cartera, las cuales quedarán canceladas. Al tiempo de enajenarlas, la sociedad deberá realizar una oferta preferente de las acciones a los accionistas en los términos establecidos en el artículo 221 de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones. No será obligatoria esa oferta cuando se trate de cumplir un programa o plan de compensación a favor de personal dependiente de la sociedad, o las acciones se distribuyan entre todos los accionistas en proporción a sus tenencias, o respecto de la venta de una cantidad de acciones que dentro de cualquier período de DOCE (12) meses no supere el UNO POR CIENTO (1%) del capital accionario de la sociedad, siempre que en tales casos se cuente con la previa aprobación de la asamblea de accionistas.

Si los accionistas no ejercieren, en todo o en parte, el derecho preferente establecido en el párrafo anterior o se tratare de acciones que se encuentran dentro del cupo mencionado, la enajenación deberá efectuarse en un mercado de valores.

ARTICULO 69.- Acciones destinadas al personal. En oportunidad de votarse un aumento de capital, la asamblea podrá resolver destinar una parte de las nuevas acciones a emitir para ser entregadas al personal en relación de dependencia de la sociedad o de alguna o algunas de sus sociedades controladas. El total acumulativo de las acciones emitidas con esta finalidad no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social. La asamblea podrá resolver la entrega de acciones como bonificación, en cuyo caso deberán afectarse utilidades líquidas y realizadas o reservas libres, o si los beneficiarios deberán integrarlas. En tal caso, fijará las modalidades de la integración.

ARTICULO 70.- Ofertas de canje. Derecho de voto. Solicitud Pública de Poderes. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES deberá establecer pautas referentes a:

a) Las ofertas de canje de acciones o cualquier otro procedimiento similar.

b) El voto ejercido por las entidades que sean titulares de acciones por cuenta o interés de terceros, bajo fideicomiso, depósito u otras relaciones jurídicas afines, cuando los respectivos contratos así lo autoricen.

c) La solicitud pública de poderes, a fin de asegurar el derecho de información plena del inversor. Los accionistas que deseen solicitar en forma pública el otorgamiento de poderes a su favor, deberán hacerlo conforme la reglamentación que a tal efecto establezca la COMISION NACIONAL DE VALORES. Las personas que promuevan dicha solicitud tendrán que poseer, como mínimo, el DOS POR CIENTO (2%) del capital social representado por acciones con derecho a voto y una antigüedad como accionista de por lo menos UN (1) año, y deberán cumplir con los requisitos formales que establezca la COMISION NACIONAL DE VALORES. El mandato será siempre revocable y deberá ser otorgado para una asamblea determinada. Los accionistas que promuevan dicha solicitud serán responsables por las informaciones del formulario de poder a ser registrado ante la COMISION NACIONAL DE VALORES, y por aquella información que se divulgue durante el período de solicitud, debiendo dicha información permitir a los accionistas tomar una decisión con pleno conocimiento de causa. Los intermediarios que participen en dicha solicitud deberán verificar en forma diligente la corrección de dicha información. Sin perjuicio de la responsabilidad de derecho común que les pudiera corresponder, los infractores a los deberes establecidos en este párrafo y sus normas reglamentarias serán sancionados conforme los artículos 10 y 12 de la presente ley.

ARTICULO 71.- Convocatoria e información previa a la asamblea. En las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, la convocatoria a asamblea deberá publicarse con una anticipación no menor a los VEINTE (20) días y no mayor a los CUARENTA Y CINCO (45) días de la fecha fijada para su celebración. Los plazos indicados se computarán a partir de la última publicación.

VEINTE (20) días antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea el directorio deberá poner a disposición de los accionistas, en su sede social o por medios electrónicos, toda la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del directorio.

Hasta CINCO (5) días antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea ordinaria que deba considerar la documentación del ejercicio, los accionistas que representen por lo menos el DOS POR CIENTO (2%) del capital social podrán entregar en la sede social comentarios o propuestas relativas a la marcha de los negocios sociales correspondientes al ejercicio. El directorio deberá informar a los accionistas que dichos comentarios o propuestas se encuentran disponibles en la sede social o que podrán consultarse a través de cualquier medio electrónico.

ARTICULO 72.- Asamblea de accionistas. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones corresponde a la asamblea ordinaria resolver, además de los asuntos mencionados en el artículo 234 de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, los siguientes:

ARTICULO 73.- Actos o contratos con partes relacionadas. En las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, los actos o contratos que la sociedad celebre con una parte relacionada y que involucre un monto relevante, deberán cumplir con el procedimiento que se prevé a continuación.

Definiciones. Parte Relacionada. Monto Relevante. A los efectos del presente artículo:

Siempre que no se configure alguno de los casos mencionados, no será considerada "parte relacionada" a los efectos de este artículo una sociedad controlada por la sociedad emisora.

Opiniones previas. El directorio, o cualquiera de sus miembros, requerirá al comité de auditoría un pronunciamiento acerca de si las condiciones de la operación pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. El comité de auditoría debe pronunciarse en un plazo de CINCO (5) días corridos.

Sin perjuicio de la consulta al comité de auditoría la sociedad podrá resolver con el informe de DOS (2) firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán haberse expedido sobre el mismo punto y sobre las demás condiciones de la operación.

Hecho Esencial. Los actos o contratos a que se refiere este artículo, inmediatamente después de haber sido aprobados por el directorio deberán ser informados conforme al artículo 5º, inciso a) del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, con indicación de la existencia de los pronunciamientos del comité de auditoría o, en su caso, de las firmas evaluadoras independientes.

Información. El directorio deberá poner a disposición de los accionistas el informe del comité de auditoría o los informes de las firmas evaluadoras independientes, según corresponda, en la sede social de la sociedad al día siguiente hábil de haberse adoptado la pertinente resolución del directorio debiendo comunicarse a los accionistas tal hecho en el respectivo boletín del mercado.

Aprobación por parte del directorio. En caso de corresponder, el controlante o la persona relacionada que sea contraparte de la operación deberá poner a disposición del directorio, antes de que éste apruebe la operación, todos los antecedentes, informes, documentos y comunicaciones referidos a la operación, presentados a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras.

En el acta de directorio que apruebe la operación deberá hacerse constar el sentido del voto de cada director.

Aprobación por parte de la asamblea. La operación deberá ser sometida a aprobación previa de la asamblea cuando las condiciones previstas no hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas al mercado por el comité de auditoría o por ambas firmas evaluadoras.

Impugnación. Carga de la prueba. En caso de que un accionista demande resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una infracción a este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de la operación no causaron perjuicio a la sociedad. Tal inversión de la carga probatoria no será aplicable cuando la operación fuese aprobada por el directorio contando con la opinión favorable del comité de auditoría o de las dos firmas evaluadoras, o hubiere sido aprobada por la asamblea ordinaria, sin el voto decisivo del accionista respecto del cual se configure la condición de parte relacionada o tenga interés en el acto o contrato en cuestión.

ARTICULO 74.- Remuneración de los directores. Seguro de responsabilidad civil. Las sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones podrán remunerar a sus directores con funciones ejecutivas o técnico-administrativas así como a los gerentes, con opciones de compra de acciones de la propia sociedad, cumpliendo con los procedimientos y requisitos que a tales efectos establezca la COMISION NACIONAL DE VALORES. En estos casos, la asamblea deberá fijar el precio de las opciones y de las acciones a las que éstas den derecho, y el valor a computar a los fines de la remuneración a los efectos de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Salvo disposición contraria del estatuto, la sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus directores, para la cobertura de riesgos inherentes al ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 75.- Acción social de responsabilidad. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la acción de responsabilidad prevista en el artículo 276 de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, cuando correspondiere ser ejercida por los accionistas en forma individual, podrá ser ejercida para reclamar en beneficio de la sociedad el resarcimiento del daño total sufrido por ésta o para reclamar el resarcimiento del daño parcial sufrido indirectamente por el accionista en proporción a su tenencia, en cuyo caso la indemnización ingresará a su patrimonio.

Cuando el demandado por responsabilidad lo haya sido por el total del perjuicio que se alega sufrido por la sociedad, podrá optar por allanarse al pago a los accionistas demandantes del resarcimiento del perjuicio indirecto que se determine como sufrido por aquéllos, en proporción a su tenencia accionaria.

ARTICULO 76.- Responsabilidad de los directores. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones a los efectos del segundo párrafo del artículo 274 de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones la inscripción de la asignación de funciones en forma personal se tendrá por cumplida con la información suministrada a la COMISION NACIONAL DE VALORES y a la entidad autorregulada en la cual coticen las acciones, conforme a los requisitos que establezca la autoridad de aplicación, sin perjuicio de su inscripción en el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

ARTICULO 77.- Deber de lealtad. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones se entenderán especialmente comprendidas en el deber de lealtad con que deben actuar los directores:

En caso de duda acerca del cumplimiento del deber de lealtad, la carga de la prueba corresponde al director.

ARTICULO 78.- Los plazos a que se refiere la presente ley son perentorios y deben computarse en días hábiles.

ARTICULO 79.- Esta ley regirá desde el 1º de enero de 1969. Dentro de los ciento ochenta días siguientes, las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los mercados de valores que operan actualmente, deben ajustar los estatutos a sus disposiciones y someterlos a consideración del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Comisión Nacional de Valores.

Pueden, a tal efecto, transformar su estructura jurídica en otra de las autorizadas sin que ello implique disolución, ni constitución de nueva sociedad o asociación.

Hasta tanto se aprueben las modificaciones propuestas, las bolsas de comercio citadas, los mercados de valores y los agentes de bolsa deben ajustarse a las normas establecidas en los respectivos estatutos y reglamentos.

ARTICULO 80.- Los actuales comisionistas de bolsa quedan automáticamente inscriptos como agentes de bolsa en los registros de los respectivos mercados de valores.

ARTICULO 81.- Las modificaciones estatutarias o transformación de estructuras jurídicas a que se refiere el artículo 64 estarán exentas de impuestos y de todo otro gravamen.

ARTICULO 82.- A partir de la fecha de vigencia de la presente ley quedan derogados los artículos 75 a 86 inclusive del Código de Comercio; el decreto ley 15.353/46, ratificado por ley 13.894; el artículo 2º, inciso 4º de la ley 13.571; los artículos 3º inciso d), primera parte, 43 y 44 del decreto 25.120/49; el decreto 12.793/49 ; los artículos 3º, inciso d), primera parte, 44 y 45 del decreto ley 14.570/56; los artículos 2º, inciso b), 41 y 51 del decreto ley 13.126/57; y toda otra disposición que se oponga a esta ley.

ARTICULO 83.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.